Ante la no promulgación del Decreto Supremo de Reajuste de Precios, denominado formalmente como Decreto Supremo de Reactivación Económica del Sector Constructor, durante el mes de Febrero conforme compromiso de autoridades del gobierno nacional, es que en fecha 16 de marzo de 2026, la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba, en el marco de la declaratoria de estado de emergencia del sector constructor a nivel nacional, llevó adelante un “tractorazo”, movilización que contó con la participación de empresas asociadas a la Cámara con presencia de equipo pesado y liviano que tomaron las calles de la ciudad de Cochabamba para hacer sentir su demanda de la aprobación de dicho reajuste de precios, para la cual se buscó la coordinación y el apoyo con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba (CIC), CASDECO, Federación de Trabajadores de la Construcción de Cochabamba y otros sectores afines.
La Cámara ha dejado expresa constancia ante los distintos medios de comunicación que, en las condiciones actuales, no existen las garantías económicas, legales ni técnicas que permitan a las empresas constructoras continuar con la ejecución de obras públicas de manera sostenible, el sector ha demandado de las autoridades competentes la urgente promulgación del Decreto Supremo de Reactivación Económica del Sector Construcción, enfocado principalmente en el reajuste de precios, así como la implementación de medidas complementarias que garanticen la continuidad de las obras públicas, la viabilidad de las empresas sin afectación a su patrimonio y la preservación de más de 500.000 fuentes de empleo directo a nivel nacional.
Las medidas de movilización tipo “tractorazo” y pronunciamientos institucionales, además de Cochabamba fueron desarrolladas en la misma fecha en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Oruro, Chuquisaca y Potosí.
De no obtenerse respuestas inmediatas, el sector constructor se verá obligado a mantener e intensificar las medidas de movilización, advirtiendo que la paralización de obras públicas constituye un riesgo inminente con consecuencias directas para la economía y el bienestar de la población.